Vivimos tiempos trepidantes. Tiempos en los que lo que eran consignas, exigencias e intuiciones, pueden transformarse en medidas políticas e instituciones. Momentos en los que el deseo puede rápidamente convertirse en norma. Los nuevos partidos hablan de pasar de una cultura entendida como un derecho o un recurso a la cultura entendida como un bien común. Importante reto. Las políticas culturales que se han implementado en el Estado español desde la llegada de la democracia, pese a estar salpicadas por visiones economicistas de la cultura, siempre han situado al Estado y sus administraciones como tutores y administradores de la cultura. Implementar políticas que promuevan la cultura como bien común, si bien suena estimulante, parece de difícil realización teniendo en cuenta la falta de precedentes claros. Igualmente, aunque pueda no parecerlo, las nociones de lo público y lo común, en ocasiones entran en conflicto. A continuación voy a lanzar algunas ideas sobre cómo podrían pensarse estas políticas y las contradicciones que conllevan.

Primero, algunos antecedentes. Las políticas culturales que se han desarrollado con mayor o menor acierto desde la administración central se insertan en una larga tradición que considera que es de interés público que la ciudadanía tenga acceso a la cultura. Bajo esta idea se han construido museos, bibliotecas, teatros, auditorios y grandes infraestructuras que permitían a la ciudadanía el consumo de cultura en condiciones óptimas y sin la necesidad de mediación por parte de entidades privadas. En la última década esta noción clásica de acceso se actualizó con los mecanismos de participación y proximidad. En pocas palabras: participación implica poner en crisis la idea de consumo pasivo de cultura, proximidad tiene que ver con el desarrollo de equipamientos culturales de pequeña escala y el estímulo de las comunidades que los frecuentan. Ambos mecanismos tienen más sentido e incidencia en una escala municipal.

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Jaron Rowan.