Argentina: Editores, libreros e imprentas dan su opinión sobre los posibles cambios en el mercado ante una nueva ley.

En rigor, la importación de libros en la Argentina nunca estuvo cerrada. En 2010, una resolución de la Secretaría de Comercio, por entonces a cargo de Guillermo Moreno, definió los mecanismos de control para «eliminar los peligros derivados del uso de tintas con altos contenidos de plomo en productos gráficos». Allí se determinaba que los fabricantes nacionales y los importadores debían certificar ante el INTI que sus productos contenían menos del 0.06% de plomo en tinta. La norma entró en vigencia en febrero de 2012, a través de la disposición 26/2012, que regulaba la importación: quienes ingresaban menos de 500 ejemplares por título al mes sólo debían presentar una declaración jurada, mientras que los que la superaban debían pasar por controles y procedimientos burocráticos que podían demorar varios meses.

La importación de libros en la Argentina nunca estuvo cerrada: alcanzaba con el eufemismo de los 500 ejemplares. Sin embargo, el trasfondo de la medida no apuntaba tanto a limitar la presencia de editoriales extranjeras en las mesas de novedades sino que intentaba preservar la balanza comercial: dado que una tirada habitual es de 1500 o 2000 ejemplares, con el límite de 500 las editoriales argentinas se veían obligadas a dejar de trabajar con imprentas uruguayas, brasileñas o chinas y contratar imprentas locales.

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