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Bestiario de la cultura: derechos fantasma y empresas ficción. Jaron Rowan

Bestiario de la cultura: derechos fantasma y empresas ficción. Jaron Rowan

(borrador del artículo aparecido en el número 7 de la revista Red Escénica Diciembre 2017)

Nadie va a sorprenderse ni a escandalizarse si comenzamos afirmando que las condiciones de vida y de trabajo de gran parte de las personas que se dedican a las artes y a la cultura en el Estado español son precarias. No son pocos los informes y estudios de reciente aparición 1 que desacreditan tradicional fascinación con la idea de la cultura como motor económico y subrayan la fragilidad laboral de quienes se dedican a la creación. Si además situamos la precariedad sobre otros ejes de discriminación existentes como el género, la raza o el origen social, emerge un panorama aún más desalentador. Quizás por esto mismo, apenas existen estudios que se ocupen de este asunto en detalle ni desde una perspectiva interseccional2. Esta realidad, sumada a la incapacidad, o falta de voluntad, de los distintos gobiernos para introducir políticas culturales capaces de transformarla, hace que tanto para la ciudadanía como para quienes son profesionales de la cultura, esta se perciba como un problema. Entre la primera, termina imperando el imaginario de que los profesionales de la cultura son un conjunto de “enchufados” que viven de subvenciones sin dar palo al agua. Para los segundos, la situación se vuelve más confusa aún: se entremezclan lo industrial, lo vocacional, el mercado y el deseo produciendo combinaciones cuando menos curiosas, y, en algunas ocasiones, directamente aberrantes. Aquí vamos a tratar de explorar por qué ocurre esto.

Todas las personas tenemos derecho a acceder a la cultura. El derecho a la cultura es un derecho constitucional, es decir, un derecho fundamental, que nos ampara a todas y todos los sujetos del Estado español. El catedrático Marcos Vaquer ha planteado una útil división de este derecho general en dos conjuntos de derechos de distinto cariz: los de creación y los de producción.

El primer caso hace referencia a la garantía de que todas las personas podamos expresarnos, comunicar preocupaciones estéticas, acceder a lenguajes y símbolos, y hacer uso de ellos. Todas el derecho a componer una canción, escribir un relato, pintar un cuadro, componer un poema, diseñar una performance, escribir un guión, etc. En las propias palabras de Vaquer en su obra “Estado y cultura”, la cultura es “un derecho individual fundamental a la creación y a la expresión cultural y en un interés colectivo o social de disfrute del patrimonio cultural”(Vaquer, 1998: 97). Nadie puede ni debe coaccionar nuestra voluntad expresiva o creativa. Así, los derechos de creación se complementan con el derecho a la libertad de expresión. En el Estado, por su parte, recaería la obligación de crear una serie de instituciones que garanticen el derecho de todas y todos a acceder a los imaginarios artísticos o creativos comunes, a los archivos de nuestra memoria colectiva. Tal es, en parte, la función de museos, bibliotecas, teatros, auditorios, etc. Nadie es capaz de crear en la más absoluta individualidad, sin establecer un diálogo, más o menos evidente, con otras creaciones existentes. Por ello es importante poder acceder a nuestro acervo cultural compartido.

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El Plan de Cultura del Gobierno no tiene un plan. Jaron Rowan en eldiario.es

El Plan de Cultura del Gobierno no tiene un plan. Jaron Rowan en eldiario.es

En 1830 sirviendo de ministro del Interior del Reino Unido, Lord Melbourne profirió una frase por la que se le sigue recordando: «¡Qué Dios ayude a los ministros que se inmiscuyan en las artes!». Con esto evidenciaba que no es una tarea fácil diseñar políticas culturales o fijar objetivos para un campo difícil de gobernar como es el de la cultura. Algo así podría haber pasado por la cabeza del secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, que ha presentado el Plan 2020, un proyecto impreciso, sin calendario ni presupuestos asignados, en el que se enuncian 150 medidas de forma genérica y sin concreción. En ese sentido, más que un plan, es un compendio de intenciones. Sin duda, no es el proyecto que esperaba un sector cultural maltratado por la crisis y que ha padecido un abandono y maltrato institucional evidente durante estos últimos años.

El documento presentado llama más la atención por los debates sociales que están ausentes que por las medidas que en él se presentan. De esta forma la precariedad laboral de trabajadoras y trabajadores de la cultura ni se enuncia, los problemas de desigualdad de género tan presentes en el sector no se contemplan, no se aborda el estado lamentable en el que se encuentran muchas de las infraestructuras culturales que nacieron al calor de la burbuja financiera, no hay medidas concretas para fomentar la transparencia y acabar con la corrupción en instituciones culturales y la rebaja del IVA cultural tan demandada por los sectores tan sólo aparece de refilón (literalmente sólo se anuncia la «disminución progresiva de la imposición indirecta que afecte al ámbito cultural en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Función Pública»).

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La cultura común, no es la cultura de todos. Jaron Rowan

La cultura común, no es la cultura de todos. Jaron Rowan

Vivimos tiempos trepidantes. Tiempos en los que lo que eran consignas, exigencias e intuiciones, pueden transformarse en medidas políticas e instituciones. Momentos en los que el deseo puede rápidamente convertirse en norma. Los nuevos partidos hablan de pasar de una cultura entendida como un derecho o un recurso a la cultura entendida como un bien común. Importante reto. Las políticas culturales que se han implementado en el Estado español desde la llegada de la democracia, pese a estar salpicadas por visiones economicistas de la cultura, siempre han situado al Estado y sus administraciones como tutores y administradores de la cultura. Implementar políticas que promuevan la cultura como bien común, si bien suena estimulante, parece de difícil realización teniendo en cuenta la falta de precedentes claros. Igualmente, aunque pueda no parecerlo, las nociones de lo público y lo común, en ocasiones entran en conflicto. A continuación voy a lanzar algunas ideas sobre cómo podrían pensarse estas políticas y las contradicciones que conllevan.

Primero, algunos antecedentes. Las políticas culturales que se han desarrollado con mayor o menor acierto desde la administración central se insertan en una larga tradición que considera que es de interés público que la ciudadanía tenga acceso a la cultura. Bajo esta idea se han construido museos, bibliotecas, teatros, auditorios y grandes infraestructuras que permitían a la ciudadanía el consumo de cultura en condiciones óptimas y sin la necesidad de mediación por parte de entidades privadas. En la última década esta noción clásica de acceso se actualizó con los mecanismos de participación y proximidad. En pocas palabras: participación implica poner en crisis la idea de consumo pasivo de cultura, proximidad tiene que ver con el desarrollo de equipamientos culturales de pequeña escala y el estímulo de las comunidades que los frecuentan. Ambos mecanismos tienen más sentido e incidencia en una escala municipal.

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Jaron Rowan.