En 1990, pronto hará un cuarto de siglo, un investigador británico del CERN, Tim Berners Lee, creó la
moderna Internet (stricto sensu, la World Wide Web), al definir y usar por primer vez el protocolo estándar http para la transferencia de información entre un ordenador servidor y un ordenador cliente. Casi veinticinco años después, el desarrollo tecnológico de la red, sus posibilidades de uso en dispositivos cada vez más pequeños y sofisticados y su extensión social, a través de redes y aplicaciones que intercomunican miles de millones de personas cada segundo, han hecho de Internet el referente por excelencia del siglo XXI y de marcas como Google antonomasias de un nuevo paradigma de la comunicación humana.
Internet, y su ilimitada capacidad de intercambiar textos, imágenes y archivos multimedia, hacía posibles viejos anhelos de la humanidad, entre ellos, señaladamente, el de una altruista socialización del acceso al conocimiento como elemento medular del progreso, sin las trabas impuestas por la distancia entre los países y por encima de sus enormes diferencias sociales, económicas y culturales. Contemplando el fenómeno con la relativa perspectiva histórica que proporcionan casi veinticinco años de existencia de la red, yo creo que era sólo cuestión de tiempo atar cabos. Y fue, de hecho, muy poco tiempo, pues en 2002, el Open Society Institute, creado a instancias del magnate húngaro George Soros (actualmente Open Society Foundations) redactó la Budapest Open Access Initiative, conocida por sus siglas BOAI, en la que, en efecto, se atan los cabos con meridiana y profética claridad: «Una antigua tradición y una tecnología nueva en convergencia han hecho posible la aparición de un bien público sin precedentes. La vieja tradición es la voluntad de científicos y estudiosos de publicar los frutos de su trabajo en revistas doctas sin remuneración alguna, sólo por el bien de la investigación y del conocimiento. La tecnología nueva es Internet».
La iniciativa de Budapest fue un gesto pionero, sin duda valiente y de una indiscutible coherencia, pero su efecto, enseguida imitado por otras instituciones en otras latitudes, estaba llamado a alterar considerablemente las condiciones en las que la comunicación científica había transitado durante el siglo XX. La Iniciativa de la ACRL (Principios y estrategias para reformar la comunicación científica, Association of College and Research Libraries, Chicago, 2003) supuso la entrada del sector bibliotecario en el escenario del acceso abierto, algo que era perfectamente lógico y esperable pues, cuando menos en un esquema tradicional, las bibliotecas son organismos de preservación y administración de los contenidos científicos publicados. La Iniciativa de la ACRL avanzaba ya objetivos definidos para la socialización de la comunicación científica: el más amplio acceso posible a la investigación publicada; acceso abierto o, cuando no, precios justos y razonables y mercado competitivo para la información científica; una industria editorial diversificada; innovaciones en edición que reduzcan costos de distribución y que amplíen el acceso a la investigación científica; garantía de calidad en publicaciones por medio de evaluación por pares; uso justo de la información, amparada por derechos de autor, para propósitos educativos y de investigación; preservación de la información científica para uso futuro a largo plazo.
Del otro lado del Atlántico, en el mismo año 2003, la prestigiosa institución científica Max-Planck-Gesellschaft promovió el que en Europa iba a ser el documento marco para el desarrollo normativo e incluso jurídico del acceso abierto. La Declaración de Berlín para el acceso abierto al conocimiento científico, un texto tan breve como incisivo, fue aplaudida por infinidad de instituciones de investigación, entre otras, la Universidad de Santiago de Compostela, que la firmó en 2006.
Haciendo suyo el espíritu de la Declaración de Berlín, la Unión Europea integró desde entonces el acceso abierto al conocimiento como uno de los pilares estructurales de sus programas de investigación e innovación. El Séptimo Programa Marco(7PM) de la Comisión Europea agrupa todas las iniciativas comunitarias relativas a la investigación bajo un mismo techo, una economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo, y define el llamado «triángulo del conocimiento»: investigación, educación e innovación. Dentro del 7PM, en agosto de 2008, la Comisión Europea puso en marcha el Piloto de Acceso abierto para subvenciones en siete áreas (energía, medio ambiente, salud, tecnologías de la información y las comunicaciones, infraestructuras de investigación, la ciencia en la sociedad y ciencias sociales y humanidades), bajo las condiciones de depositar los artículos de investigación revisados por pares o manuscritos finales resultado de los proyectos del 7PM en un repositorio on-line y hacer los «mejores esfuerzos» para garantizar el acceso abierto a estos artículos en el plazo de seis meses (en los campos de la salud, energía, medio ambiente, tecnologías de la información y de la comunicación, infraestructuras de investigación) o doce meses (ciencias sociales y humanidades, la ciencia en la sociedad) después de su publicación. La red MedOAnet para la coordinación de estrategias y políticas de acceso abierto a la información científica en los países del sur de Europa (España, Francia, Italia, Grecia, Portugal y Turquía), a cuyo grupo de trabajo español pertenece quien suscribe, fue creado igualmente dentro del 7PM.
Otras iniciativas comunitarias de alcance en la potenciación de la filosofía y los medios ejecutivos del acceso abierto son la Agenda Digital para Europa y la Unión por la Innovación, ambas de 2010. La Recomendación de la Comisión , publicada el 17.07.12, relativa al acceso a la información y su preservación constituye, en fin, un excelente resumen de la actualidad normativa del acceso abierto en Europa.
Todas estas disposiciones normativas comunitarias, directamente inspiradas en la socialización del conocimiento como un beneficio inmanente, posible y universal, han venido fraguando en los países desarrollados no sólo en acciones ejecutivas derivadas de las enormes posibilidades comunicativas que ofrecen las tecnologías digitales ligadas a Internet, sino en marcos jurídicos que legitiman y proporcionan estabilidad a esas acciones. En el caso concreto de España, el preámbulo de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, destaca «el compromiso con la difusión universal del conocimiento, mediante el posicionamiento a favor de las políticas de acceso abierto a la información científica», declaración de carácter genérico que se hace eco del desarrollo exponencial que los repositorios de contenidos digitales de las universidades españolas conocieron nos últimos años, hasta el punto de que, en algún ranking internacional, tres repositorios universitarios españoles aparecen entre los primeros del mundo (UAB: Dipòsit Digital de Documents, puesto 15; UPC Commons, puesto 16 y Digital CSIC, puesto 19).
Un caso paradigmático lo constituye en España la nueva reglamentación para la edición de las tesis doctorales, es decir, la investigación básica de las universidades. El RD 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece en su art. 14 que, «
una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional»
. En el caso de la Universidad de Santiago de Compostela, este mandato está detrás de las más de 1000 tesis doctoralesalojadas en acceso abierto en el Repositorio Institucional de la USC Minerva, responsabilidad que recae en el Servicio de Publicaciones.
En conjunto, y desde la visión panorámica que ofrece el cuadro normativo-jurídico que he descrito, se evidencia que en las estrategias y políticas universitarias en acceso abierto existen factores ejecutivos de alcance, la estrecha colaboración de los cuales resulta imprescindible para la implementación de soluciones de futuro. Por un lado, las bibliotecas, en cuanto administradores de contenidos, deben liderar naturalmente la constitución de repositorios dinámicos, eficientes y tecnológicamente idóneos, pues, en esencia, un repositorio es (aunque no sólo) una biblioteca digital, directamente implicada, en el contexto de una sociedad digital, en el prestigio y alcance de la universidad en sí. De hecho, dentro del escenario de la Red de Bibliotecas Universitarias españolas, el III Plan Estratégico REBIUN 2020, la línea estratégica 2 (Soporte a la docencia, aprendizaje e investigación y gestión) define como su objetivo 4, «promover mandamientos y políticas institucionales de acceso abierto a la producción científica de cada universidad para incrementar la visibilidad e impacto de la universidad».
Dentro de este contexto, los editores universitarios, en cuanto productores de contenidos, jugamos, y aún jugaremos más, un rol fundamental en la definición depolíticas que tiendan a posicionar óptimamente los productos editoriales resultantes del trabajo de nuestros docentes e investigadores. Nuestra responsabilidad de transferir buena parte del conocimiento generado en las universidades es, por tanto, clave en el desarrollo de los repositorios u otras plataformas de contenidos digitales, a la hora de traducir las potencialidades de Internet y el acceso abierto en términos de impacto, visibilización y calidad de nuestras obras. Es verdad, por otra parte, que las editoriales universitarias no persiguen ánimo de lucro y que, por lo tanto, la constricción financiera del editor comercial no existe para el editor universitario, que, de dar oídos a las voces más radicalmente afines al acceso abierto, debiera rendirse a los inmensos beneficios sociales de un conocimiento científico libre y gratuito. Pero el problema no es tan simple. De un lado, no perseguir ánimo de lucro no concede al editor universitario una patente de corso para dilapidar dineros que no le pertenecen y que alguien le encomendó administrar con juicio. Como a cualquier editor, también al universitario lo hace feliz agotar la tirada de un libro, porque eso quiere decir, entre otras consideraciones, que la inversión que hizo para producirlo retornó, considerablemente incrementada, a las arcas de su universidad, con lo cual, probablemente, podrá sufragar otras ediciones. Concedo que esa visión, tan en boga, de las universidades como sociedades financieras entregadas a las cifras de negocio y la rentabilidad, resulta en extremo peligrosa, pues propende, sin duda, a erosionar irremediablemente los flancos más nobles de la institución universitaria. Pero una vez esto estatuido, es cierto también que ni el investigador, que dedicó enormes dosis de energía, tiempo y esfuerzo a desarrollar y rematar su trabajo, es un buen samaritano, ni su universidad, que lo formó y le proporcionó los medios y recursos para llevarla a término, una ONG consagrada a la fraternidad del conocimiento universal.
Como en todo, también en las políticas de acceso abierto, que, lo queramos o no, van a definir en muy buena medida las estrategias futuras de las editoriales universitarias, el punto de sensatez estará en un equilibrado término medio y en el trabajo cooperativo con todos los actores implicados (agencias e instituciones de investigación, bibliotecarios, áreas de tecnología de la información, asesores jurídicos…), porque la propia naturaleza de la actividad editorial y sus esferas de acción derivadas (protección de los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual, búsqueda legítima de un retorno económico de la inversión en producción editorial) impondrá limitaciones, o cuando menos ineludibles matices, a la difusión en acceso abierto. Se plantea en el horizonte un rico e interesantísimo debate, que ha estimulado una buena cantidad de foros, en los que últimamente he participado, aportando mi punto de vista. No sé a usted, pero a mí los retos que formula una tecnología cada vez más sofisticada y global, lejos de abatirme, me estimulan. Creo, con el poeta, que, nunca como ahora, estamos haciendo camino al andar.
Juan L. Blanco Valdés
Director de Publicaciones
Universidad de Santiago de Compostela
