(borrador del artículo aparecido en el número 7 de la revista Red Escénica Diciembre 2017)

Nadie va a sorprenderse ni a escandalizarse si comenzamos afirmando que las condiciones de vida y de trabajo de gran parte de las personas que se dedican a las artes y a la cultura en el Estado español son precarias. No son pocos los informes y estudios de reciente aparición ¹ que desacreditan tradicional fascinación con la idea de la cultura como motor económico y subrayan la fragilidad laboral de quienes se dedican a la creación. Si además situamos la precariedad sobre otros ejes de discriminación existentes como el género, la raza o el origen social, emerge un panorama aún más desalentador. Quizás por esto mismo, apenas existen estudios que se ocupen de este asunto en detalle ni desde una perspectiva interseccional². Esta realidad, sumada a la incapacidad, o falta de voluntad, de los distintos gobiernos para introducir políticas culturales capaces de transformarla, hace que tanto para la ciudadanía como para quienes son profesionales de la cultura, esta se perciba como un problema. Entre la primera, termina imperando el imaginario de que los profesionales de la cultura son un conjunto de “enchufados” que viven de subvenciones sin dar palo al agua. Para los segundos, la situación se vuelve más confusa aún: se entremezclan lo industrial, lo vocacional, el mercado y el deseo produciendo combinaciones cuando menos curiosas, y, en algunas ocasiones, directamente aberrantes. Aquí vamos a tratar de explorar por qué ocurre esto.

Todas las personas tenemos derecho a acceder a la cultura. El derecho a la cultura es un derecho constitucional, es decir, un derecho fundamental, que nos ampara a todas y todos los sujetos del Estado español. El catedrático Marcos Vaquer ha planteado una útil división de este derecho general en dos conjuntos de derechos de distinto cariz: los de creación y los de producción.

El primer caso hace referencia a la garantía de que todas las personas podamos expresarnos, comunicar preocupaciones estéticas, acceder a lenguajes y símbolos, y hacer uso de ellos. Todas el derecho a componer una canción, escribir un relato, pintar un cuadro, componer un poema, diseñar una performance, escribir un guión, etc. En las propias palabras de Vaquer en su obra “Estado y cultura”, la cultura es “un derecho individual fundamental a la creación y a la expresión cultural y en un interés colectivo o social de disfrute del patrimonio cultural”(Vaquer, 1998: 97). Nadie puede ni debe coaccionar nuestra voluntad expresiva o creativa. Así, los derechos de creación se complementan con el derecho a la libertad de expresión. En el Estado, por su parte, recaería la obligación de crear una serie de instituciones que garanticen el derecho de todas y todos a acceder a los imaginarios artísticos o creativos comunes, a los archivos de nuestra memoria colectiva. Tal es, en parte, la función de museos, bibliotecas, teatros, auditorios, etc. Nadie es capaz de crear en la más absoluta individualidad, sin establecer un diálogo, más o menos evidente, con otras creaciones existentes. Por ello es importante poder acceder a nuestro acervo cultural compartido.

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